Persecución del delito: los desafíos de la etapa de instrucción

03/10/2013 | Artículos

03-X-2013

La implementación de un sistema acusatorio, mayor articulación con la policía, más presupuesto y coordinación integral entre fiscalías son algunos de los reclamos de los operadores judiciales.

 

Autor: Sabrina Santopinto

El escenario actual reclama a gritos un cambio: si bien el Código Procesal Penal establece que es el juez de instrucción quien investiga los delitos, también incorpora la posibilidad de que delegar la investigación al fiscal sea una facultad totalmente discrecional del magistrado; esto lleva a que se originen dificultades debido a la indefinición de roles por parte de la legislación ocasionando conflictos y superposición de funciones entre los operadores del sistema que llegan a convertirse en verdaderas pujas de poder.

En este sentido, el fiscal nacional en lo criminal de instrucción, Sandro Abraldes, explicó a BAE Negocios que dentro de las problemáticas que atraviesan los fiscales en la etapa de instrucción “lo primero que aparece es una dualidad importante: los casos en los que el autor no es individualizado los instruye el fiscal, mientras que cuando hay un autor individualizado lo instruye el juez. Lo que ocurre muchas veces es que en los casos importantes el fiscal inicia la investigación y cuando está avanzada el juez la reasume y eso implica un cambio de criterios. Ese pase de manos se traduce en que si al magistrado no le gusta lo que pediste, te saca el caso”.

De esta forma, Abraldes plantea una queja común que repiten los fiscales y que se relaciona íntimamente con la discrecionalidad que deja el sistema para que el juez decida si da lugar o no a que el fiscal lleve adelante la investigación. “Terminás siendo un poco el sector residual que instruye aquellas causas que el juez por algún motivo no quiere”, advierte Abraldes y hace hincapié en que se convierte en un problema el hecho de que la instrucción se haya convertido en el juicio, siendo que debería ser un proceso muy breve. “Hoy en día hay un retén en el Palacio que está protagonizado por los jueces de instrucción que muchas veces se plantan sobre la causa y ésta no avanza”, explica.

Estos aspectos son claras muestras de dilación que llevan a los profesionales de las fiscalías a reclamar que la investigación salga del ámbito de los jueces y pase a manos del fiscal para que el profesional que empiece la investigación sea responsable de este proceso hasta su finalización.

En ese sentido, el abogado y consultor internacional en temas de reforma judicial Martín Gershanik advierte que “actualmente, los fiscales, por las debilidades y barreras organizativas y procesales, tienen enormes dificultades en culminar exitosamente las investigaciones. Esto es fácilmente comprobable con los bajos niveles de elevación a juicio”.

La actuación de las fuerzas de seguridad

“Muchas veces cuando la policía llega a la escena del crimen no tiene en claro si se encuadra en correccional, contravencional, federal u ordinario. Tiene que saber que si no hay un autor individualizado, debe llamar al fiscal y si lo hay debe remitirse al juez. Con lo cual el policía de calle, que es el que por lo general llega a la escena, no puede tener grises en el cuadro de competencias”, explica Abraldes y plantea la necesidad de avanzar con la implementación de una policía especializada en el ámbito judicial. En consonancia con esto, el fiscal Horacio Azzolin marca como uno de las mayores trabas del sistema la coordinación con los efectivos dado que “muchas veces la centralización de la información cuesta, tarda en llegar y eso nos complica en la investigación de aquellas causas en las que hay cierto patrón de conducta que se va repitiendo”.

Lo cierto es que la mayoría de los fiscales coinciden en la necesidad de avanzar con la creación de un cuerpo especializado que acompañe al fiscal en la investigación, pero esta figura cuadraría –según lo explican los especialistas– con la aplicación de un sistema acusatorio en donde sea el fiscal quien lleve adelante la investigación íntegramente. “Es necesaria una decisión política para cambiar el sistema. Hoy el juez siente que pierde el poder si se le saca la investigación”, indica Abraldes y sostiene la importancia de que esta transformación vaya de la mano de la implementación de un sistema de audiencias que va a requerir a todas luces del acompañamiento de mayor presupuesto. “Si no se clarifican los roles, si no se entiende algo tan sencillo como que el acusador acusa, el defensor defiende y el juez juzga, no hay esperanzas de cambio”, explica en consonancia el fiscal bonaerense, Guillermo Nicora.

Azzolin coincide en la importancia de avanzar con la implementación de la policía judicial, dado que “al haber diferentes tipos de fuerzas de seguridad involucradas en las investigaciones, esto entorpece el trabajo. El cuerpo de investigadores especializados nos va a ayudar mucho”.

Por su parte, Nicora fue más allá y puso de manifiesto una situación preocupante: “La actuación policial es muy poco confiable. Se ha demostrado muchas veces cómo algunos policías cobran por hacer desaparecer un arma alivianando la acusación, armas que después son plantadas para agravar otro caso”.

 

Tratamiento integral

Un punto en el que coinciden los fiscales consultados radica en la importancia de llevar adelante una labor articulada de manera tal de poder seguir la llamada ruta del delito. En este contexto, la Procuración General de la Nación dio el primer paso al crear procuradurías especializadas a fin de investigar el crimen organizado.

“Hace más de una década que en toda Latinoamérica se viene estudiando y mejorando esta cuestión. Una de las herramientas más importantes es la autopercepción del Ministerio Público como una organización única en la que todos los miembros son parte de algún equipo, reemplazando la idea feudal de fiscalías de uno o dos fiscales y un puñado de empleados que son casi de propiedad del titular”, sostiene Nicora al tiempo que afirma que “cuando los fiscales dejan de pensar en ‘mi causa’ como un expediente de construcción artesanal, y comienzan a compartir información, unir casos, etcétera, se producen grandes saltos de calidad”.

Más allá de esto, Nicora plantea como una alternativa de suma importancia para optimizar el funcionamiento del sitema y que no se llegue a la judicialización de todos los temas “la búsqueda de soluciones apropiadas en forma temprana, lo cual también reduce las cargas laborales, a la par que brinda un gran aumento de calidad de respuesta”.

Lo cierto es que el nuevo paradigma procesal que se busca requiere un cambio de actitud en las funciones de los fiscales que pasan de un rol pasivo a un rol decisivo en el proceso y en el impacto de la carga de trabajo del sistema en general. Sumado esto, Juan María Rodríguez Estévez, profesor de derecho penal de la Universidad Austral, indicó que para optimizar los procesos se busca que el fiscal sea el responsable de la investigación, por lo cual será necesario “desformalizar la etapa de la investigación preliminar y oralizarla en su mayor parte posible, para rápidamente llegar al juicio oral. En esta etapa el fiscal debe probar su caso para obtener la condena del acusado”.